La exdiputada nacional Cristina Guzmán volvió a poner en discusión un área sensible del Estado jujeño al denunciar un predio de cinco naves en finca El Remate, Palpalá, vinculado con CANNAVA y con un programa de producción de semillas y mejoramiento genético de cannabis. La dirigente cuestiona el uso de tierras públicas, la ausencia de instrumentos provinciales visibles que documenten la cesión del predio y la trazabilidad administrativa del proyecto. La denuncia ya dejó de ser solamente política: concejales de distintos bloques de Palpalá pidieron informes sobre habilitaciones, controles y balances.
Guzmán sostiene que en El Remate funciona lo que denomina “Cannava 2”, con cinco naves de gran porte, y cuestiona por qué ese complejo se encuentra allí y bajo qué instrumento jurídico utiliza una finca perteneciente al Gobierno provincial. La cuestión no parte de cero: existe una autorización nacional de 2022 para ampliar actividades destinadas a banco de germoplasma y mejoramiento genético, con una meta de hasta dos millones de semillas anuales, pero las publicaciones que reconstruyeron el expediente remarcan que esa resolución no identifica expresamente a El Remate como ubicación del proyecto. Esa diferencia entre una autorización de actividad y la documentación específica sobre el inmueble es justamente uno de los puntos que alimenta el reclamo de transparencia.
La regulación nacional tampoco convierte automáticamente cualquier producción de semillas en una actividad librada de controles. En septiembre de 2026, ARICCAME aprobó un régimen específico para actividades vinculadas con órganos de propagación de cannabis —semillas, plantines y esquejes— que exige condiciones de identificación, origen, destino y trazabilidad. Por eso la pregunta de Guzmán adquiere peso institucional: qué licencia corresponde a cada actividad, qué autorización ampara específicamente el predio, quién cedió las tierras, bajo qué acto administrativo y qué controles municipales, provinciales y nacionales se encuentran vigentes.
El tema escaló porque ya no depende únicamente de la palabra de una dirigente opositora. En el Concejo Deliberante de Palpalá ingresaron pedidos de informes de distintos bloques para conocer habilitaciones, planos, condiciones de seguridad, situación de las tierras y balances de la sociedad estatal. Esa institucionalización del reclamo modifica el escenario: lo que comenzó como una denuncia pública exige ahora respuestas documentales. También existen cuestionamientos sobre la información financiera y el destino de recursos públicos, aunque la cifra cercana a USD 100 millones difundida por Guzmán y medios locales debe ser tomada como una afirmación denunciada hasta que balances oficiales y organismos de control permitan verificarla de manera completa, sin embargo ella sostiene acreditar sus argumentos de manera irrefutable.
